Darío Castillo afirma “voluntad política” es fundamental para la descentralización del Estado.

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    “Constituye un acto histórico, desde el punto de vista constitucional y de acción de gobierno, la creación del Gabinete de Descentralización, mediante el Decreto núm. 734-22, para que la transferencia de competencias desde el Gobierno central a la Administración local sea una realidad”, aseguró el funcionario.

    Durante una reunión del equipo técnico del Gabinete de Descentralización, Castillo Lugo explicó que la transferencia de competencias se encuentra estipulada, además, en leyes como la núm. 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, la Núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y la Núm. 247-12 Orgánica de la Administración Pública.

    El Gabinete de Descentralización tiene el propósito de fortalecer la eficacia y eficiencia de las políticas públicas en el territorio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 204 de la Constitución de la República, el cual indica que “la implementación de estas transferencias conllevará políticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización de los recursos humanos”.

    Diseñan plan de acción

    En lo que fue la primera reunión del equipo técnico del Gabinete, se definieron los roles, metodologías de trabajo y lineamientos para diseñar la ruta crítica o plan de acción, lo cual incluye el análisis de competencias a transferir, las líneas presupuestarias, los criterios de selección de los gobiernos locales y el instrumento legal para la transferencia.

    También, el sistema de seguimiento a través de una plataforma digital, los programas de formación y sensibilización, así como la estrategia de comunicación.

    Se integra la sociedad civil

    La Fundación Solidaridad y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), son las organizaciones de la sociedad civil que se integran al Gabinete de Descentralización. Tal y como lo indica el Decreto 734-22, ambas se unen al Ministerio de Administración Pública (MAP), que lo preside, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), la Contraloría General de la República (CGR), la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE), la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM).

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